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2007, 2020

El butlletí de Martínez Assessors – Juliol i Agost 2020 – núm. 209

julio 20th, 2020|General|

EL BUTLLETÍ 209 DE MARTÍNEZ ASSESSORS

SUMARI

**El teletreball ha arribat
per quedar-se**

**Informació sobre tenir
anticossos de la COVID-19
per a l’oferta i recerca
d’ocupació**

**COVID-19. Pautes i
recomanacions sanitàries
per a exercis l’activitat
comercial**

**Mesures socials de
reactivació de l’ocupació i
protecció del treball autònom
i de competitivitat del
sector industrial**

**Les puntes del
Delta de l’Ebre**

**Jurisprudència**

**Calendari del
contribuent per al
mes de setembre**

EL BUTLLETÍ 209 DE MARTÍNEZ ASSESSORS

1007, 2020

¿Qué es y cómo afecta la mochila austriaca si tu empresa decidiese implantarla?

julio 10th, 2020|Laboral|

El Banco de España ha vuelto ha lanzar el globo sonda de la mochila austriaca justo en el momento en que los efectos de la pandemia y de la crisis económica obligarán a los gobernantes de nuestro país a llevar a cabo ajustes relevantes y reformas estructurales en el plano político.

Fundamentalmente, consiste en la generación de una cuenta individual para cada trabajador que lo acompaña a lo largo de toda su vida laboral independientemente de donde desempeñe sus funciones laborales y que se nutre de las aportaciones de los empresarios y del que puede disponer en caso de despido, incapacidad o jubilación.

Pueden ser utilizados por el trabajador (voluntariamente) en caso de despido. O percibirlos al final de su vida laboral en un único pago (pagando un impuesto del 6%) o como complemento periódico de su pensión (exenta de impuestos). Pero como norma general, los trabajadores perciben su indemnización de estas cuentas a su nombre cuando se produce su despido o incapacidad.

¿Cómo son las aportaciones al fondo?

Las empresas aportan obligatoriamente cada mes una cierta cantidad a cuentas de ahorro individuales a nombre de todas las personas que trabajan en su plantilla. La contribución de cada empresa es del 1,53% del salario bruto mensual del trabajador. En este caso, los trabajadores no aportan a dicho fondo, únicamente el empleador, a diferencia de lo que ocurre con los planes de pensiones de empresa que suele contar con contribuciones de las dos parte, incluso una tercera del Estado.

¿Quién gestiona los fondos acumulados?

Las cuentas son gestionadas por entidades privadas autorizadas por la Administración para esta función. En el Consejo de Vigilancia de las entidades gestoras de los fondos hay representantes de los sindicatos. Las cuantías acumuladas en las cuentas se invierten en el mercado de capitales para obtener una rentabilidad, que se suma al saldo de la propia cuenta. Las entidades cobran comisiones de administración y gestión de los fondos, de donde proviene su lucro. A los trabajadores se les garantiza, en el peor de los casos, el cobro íntegro del capital aportado por las empresas a su nombre.

¿Qué pasa si me cambio de trabajo?

El importe de cada cuenta no se pierde si el trabajador se cambia de empresa de manera voluntaria, sino que le acompaña durante toda su vida laboral (por eso se la denomina “mochila”). Cada empresa nueva realiza nuevas aportaciones a esa cuenta. Si las aportaciones al fondo constituyen la totalidad de la indemnización a disposición de su titular (sistema puro, como sucede en Austria) o si supone tan solo una parte de la indemnización, y la otra sigue establecida por unos parámetros legales y debe ser afrontada por la empresa cuando se produce el despido (sistema mixto o parcial)

¿Pasaré a cobrar menos si se implanta?

No, la mochila austriaca no genera costes para el trabajador. Puesto que todas las empresas, despidan o no, tienen que hacer frente a los pagos mensuales en las cuentas, la mochila supone un aumento inmediato de los costes laborales de todas las empresas, en la cuantía de la aportación a las cuentas de cada trabajador, pero no para el empleado.

Más información

506, 2020

Moratoria de la deuda arrendaticia. ¿Existe obligación de ajustar el precio del alquiler? ¿Qué documentación se tiene que aportar?

junio 5th, 2020|Jurídico, Laboral|

CASO PLANTEADO

Una inquilina de una vivienda ha solicitado con fecha de 21 de abril al arrendador un ajuste en el precio del alquiler. ¿Está obligado? Y en caso afirmativo ¿qué documentación se tiene que aportar?

SOLUCIÓN

Con relación al caso planteado sobre arrendamientos urbanos, debemos hacer referencia directa al Real Decreto-Ley 11/2020, concretamente a sus artículos 1 a 15, específicamente en este caso artículos 4, 5 y 6.

En primer lugar, en cuanto al ajuste del precio de alquiler, la respuesta toma una bifurcación:

  • ¿Es el propietario gran tenedor de vivienda?
  • Es decir: ¿El propietario tiene más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo trasteros y garajes o es propietario de más de 1.500 metros cuadrados construidos?

Para el supuesto en que el propietario no cumpla estos requisitos, debemos contestar que no existe obligación alguna para ajustar el precio del alquiler.

Para el supuesto que el propietario sí cumpla estos requisitos, debemos afirmar que sí existirá obligación por parte del gran tenedor de vivienda de ajustar el precio del alquiler, y deberá permitir que el arrendatario pueda escoger entre estas dos opciones:

Reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes, con un tope de 4 meses.

Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses.

Esto está prescrito así por el artículo 4 del Real Decreto-Ley 11/2020, aunque en el primer apartado ya faculta a ambas partes para llegar a un acuerdo, y lo expone el legislador con la siguiente frase: “La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el artículo siguiente, podrá solicitar de la persona arrendadora […] el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes”.

Por tanto, la única hipótesis en que el arrendador debe rebajar o negociar la renta es que sea gran tenedor de vivienda y que la persona se encuentre en situación de vulnerabilidad económica.

Procedamos a explicar lo que es la vulnerabilidad económica, a la luz del artículo 5 del Real Decreto-Ley 11/2020.

El artículo es ciertamente denso y quizás mal redactado, aunque aconsejamos su lectura completa, pero en resumidas cuentas lo que viene a adverar es que existirá vulnerabilidad económica si la persona ha sufrido un ERTE, está en situación de desempleo, no es propietaria ni usufructuaria de otras viviendas (siempre y cuando no sean propietarios de parte alícuota, por ejemplo, un 50% o bien hayan recibido la propiedad por medio de sucesión hereditaria).

En definitiva, si el arrendador (propietario de vivienda o sujeto con derecho a arrendar la vivienda) es gran tenedor, cumpliendo los requisitos explicados y el arrendatario (inquilino) está en situación de vulnerabilidad económica, sí que se debe negociar la renta tal y como se ha expuesto en la consulta.

El arrendatario deberá entregar al propietario la documentación acreditativa oficial por la cual está percibiendo prestación o subsidio por desempleo, o bien la resolución o documentación acreditativa del ERTE, además de justificar que no está recibiendo más de tres veces el IPREM, lo que equivaldría a no recibir más de 537,84 euros multiplicado por 3 = 1.613,52 euros al mes por unidad familiar.

Por otro lado, en cuanto a la prestación extraordinaria del Real Decreto-Ley 8/2020, recogida en los artículos 22 y 23, debemos adelantar que la premisa de cobro del 70% del salario base es errónea e inconclusa, es decir no siempre será el 70% del salario base.

La prestación extraordinaria aprobada en caso de suspensión del contrato será del 70% de la base reguladora tope 1.098 euros para una persona sin hijos, 1.254,96 euros para una persona con un hijo y 1.441,83 para dos hijos o más.

Por tanto, a modo de ejemplo, de un salario de 1.800 euros, el 70% de la base reguladora son 1.260, lo que significa que cobrará 1.098 euros si no tiene hijos. Si tiene un hijo, serán 1.254,96 euros o si tiene dos hijos o más, serán 1260 euros. COBRARÁ LOS TOPES.

Por otro lado, de un salario de 950 euros de base, la prestación será de 665 euros.

Hay que recordar que también hay cuantías mínimas para la prestación, que son de 501,98 euros sin hijos y de 671,40 euros con un hijo o más.

Todo ello calculado cuando el contrato no sea parcial sino a jornada completa.

Contacto

2205, 2020

IVA – Devengo – Moratoria alquiler de local de negocio

mayo 22nd, 2020|Fiscal, Jurídico|

CASO PLANTEADO

Se trata de un arrendador de local de negocio. Ha acordado con su inquilino una moratoria en el pago de los alquileres de abril, mayo y junio, de forma que estos meses se irán abonando parcialmente a partir del mes de septiembre.

Pregunta:

¿el IVA se tendrá que ir ingresando a medida que se cobren parcialmente los alquileres afectados?

¿se deben ir emitiendo las facturas del alquiler mensualmente, aunque no se cobren? O, por el contrario ¿se deberán emitir en el momento del cobro parcial o total?

SOLUCIÓN

De acuerdo con lo que señala la Consulta Vinculante de Tributos V1117-16 en relación con el devengo de IVA en arrendamientos cuando por concurrencia de fuerza mayor, se suspende temporalmente el mismo, sólo en el caso de que “formal y expresamente” se cancele temporalmente la relación contractual arrendaticia, o se modifique el momento de su exigibilidad, con motivo de la fuerza mayor que impida el uso del inmueble, se dejará de devengar el IVA.

Si arrendador y arrendatario acuerdan la suspensión del contrato de alquiler o una moratoria, suspensión o carencia en el pago de la renta, como puede ser en el caso del cierre temporal del negocio debido al estado de alarma por el COVID-19, no se producirá el devengo del  IVA durante dicha suspensión, moratoria o carencia.

La acreditación de tal acuerdo podrá ser efectuada por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, los cuales serán valorados por la AEAT.

La moratoria en sí misma, si sólo refiere al pago de las rentas no impide el devengo del IVA, debe efectuarse una suspensión contractual ex profeso de la relación arrendaticia.

Te informamos

2105, 2020

¿Cómo se calcula la prestación por desempleo en el caso de un ERTE de reducción de jornada por fuerza mayor?

mayo 21st, 2020|Laboral|

Prestación de desempleo por ERTE de reducción de jornada por fuerza mayor

CASO PLANTEADO

Empresa en la que se ha tramitado un ERTE por fuerza mayor de reducción de jornada del 70%, que ha sido aprobado.

En esta empresa hay un trabajador al que se le ha reducido la jornada en el 70% desde el 1 de abril, con lo que hace 12 horas semanales en lugar de 38 horas que hacía antes (esta es la jornada a tiempo completo según convenio), su base reguladora diaria para la prestación de desempleo es de 73,00€, y tiene una hija menor de edad a su cargo.

¿Cual será el importe de su prestación?

SOLUCIÓN

La prestación por suspensión de contrato se calcula con la media de lo cobrado en los últimos seis meses.

De esta cifra, el desempleado recibirá el 70% de su sueldo durante los seis primeros meses y el 50% el tiempo restante.

Aun así, esa cantidad también “está limitada por el SEPE”.

En la situación de reducción de jornada, la empresa continuará pagando al trabajador la parte de jornada que siga trabajando realmente y el Servicio de Empleo se hará cargo del pago de la parte que se ha reducido.

Sobre la parte de jornada que se ha reducido con el ERTE y por la que no se trabaja, el SEPE pagará el 70% de la base reguladora.

La empresa seguirá pagando al trabajador la parte proporcional del salario habitual respecto de las horas de trabajo que si se mantienen.

Los topes mínimo y máximo de la prestación por desempleo se tienen que ajustar en el caso de ERTE de reducción de jornada, de forma proporcional a esa reducción.

En este caso, 1254 euros brutos es el tope máximo trabajador con un hijo a cargo. Si aplicamos el 70% reducción jornada asciende a 877,80 euros.

Según el supuesto, la base reguladora son 73 euros. La empresa paga 21,90 euros aplicando reducción 30% y, en principio, el SEPE debería abonar 1073,10 euros (los 51,10 euros base reguladora, es decir, 1533 euros brutos aplicando a su vez el 70%).

Ahora bien, debemos tener en consideración los topes legales.

En este sentido, al ser una trabajadora con un hijo a cargo, el tope está a 1254 euros brutos y, en caso, del 70% reducción jornada el tope lo tenemos en los 887,80 euros.  Los 1073,10 euros son superiores a 887,80 euros por lo que queda limitado con el tope.

Advertir que debido a la situación del COVID19, el SEPE solo está abonando el tope máximo inicial de 1098 euros, aunque posteriormente abonará el recargo por hijos. En este sentido, el 70% de 1098 son 768,60 euros. Esta cantidad se tienen que aplicar las retenciones correspondientes.

Te informamos

1405, 2020

Si he estado en un ERTE, ¿qué pasa con mis vacaciones?

mayo 14th, 2020|Laboral|

CASO PLANTEADO

Trabajadores afectados por ERTE de fuerza mayor, ¿el periodo que están incluidos en el ERTE, computa para el periodo de vacaciones?, es decir, un trabajador que al año le corresponden 30 días naturales de vacaciones si ahora está en el ERTE 3 meses, ¿al final del año tendrá los 30 días o tendría derecho a vacaciones solo de 22.5 días naturales.

RESPUESTA

Durante los ERTEs el contrato laboral está suspendido y, de acuerdo con los artículos 38 y 45 del Estatuto de los Trabajadores, ese periodo no computa para el cálculo de las vacaciones a las que tiene derecho el trabajador.

En el ejemplo que hemos planteado los días naturales de vacaciones a los que tendría derecho al trabajador son los 22,5 que menciona.

Cualquier duda al respecto, contacta con nosotros